Mauritania recibe un tercio de los vuelos de expulsión de inmigrantes desde España | España




Llegada de un grupo de inmigrantes al puerto de Arguineguín (Gran Canaria) el pasado enero.Ángel Medina / EFE

Mauritania ha pasado de no aparecer en los listados a convertirse, en tan solo un año, en destino preferente para la expulsión de inmigrantes. El repunte de llegadas a las islas Canarias ha llevado a España a desempolvar un acuerdo de readmisión firmado en 2003 y el año pasado seis de los 19 vuelos fletados por la agencia europea de fronteras (Frontex) aterrizaron en Nuadibú, la segunda mayor ciudad del país. En ellos viajaron 146 personas, en su mayoría de origen subsahariano, que fueron trasladadas después a las fronteras de sus respectivos países, según datos divulgados este martes por el Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). La presencia en estos vuelos de malienses, inmersos en una espiral de violencia desde 2012, es especialmente cuestionada por el Defensor, que supervisa parte de los operativos. La institución señala en su informe anual que una devolución, aun por vía indirecta, a lugares que implican un riesgo para la seguridad de los expulsados, supone la vulneración de tratados internacionales.

A pesar de la controversia que generan estas operaciones, la renovada cooperación con las autoridades mauritanas en esta materia es evidente: solo en los primeros tres primeros meses de 2020, antes de que se suspendieran los operativos por la emergencia sanitaria, hubo al menos otros cuatro vuelos a Nuadibú con otras 139 personas a bordo. Las autoridades españolas consideran este mecanismo y el control de los flujos migratorios por parte de las fuerzas de seguridad mauritanas fundamentales para frenar la llegada de pateras a Canarias. En línea con el interés español en este ámbito, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez aterriza este martes en Mauritania, en su primer viaje oficial internacional desde que se declaró la pandemia.

Las repatriaciones a Mauritania son un atajo que permite a las autoridades españolas salvar las dificultades que enfrentan para expulsar a subsaharianos. Mauritania es, junto a Marruecos, el único país que readmite inmigrantes de terceros países que hayan entrado irregularmente en España mientras se “acredite” o se “presuma” que han transitado por su territorio. La redacción del acuerdo con Mauritania abre así un abanico amplio de posibilidades que, según denuncia el MNP, no quedan debidamente justificadas en sus documentos de expulsión. “En ninguna de las resoluciones de devolución que sustentaban estas repatriaciones se indicaba que el lugar de procedencia de las pateras en las que arribaron las personas repatriadas fuera Mauritania o que hubiesen transitado por este país. Tampoco se hacía referencia al citado acuerdo”, mantiene el informe.

El maliense Mody Cissoko y el senegalés Abdoulaye Fati fueron dos jóvenes que fueron expulsados en el mismo vuelo a Mauritania el pasado 20 de enero. Ambos relataron a EL PAÍS el trato recibido por las autoridades mauritanas antes de ser abandonados a su propia suerte en un puesto fronterizo de sus respectivos países. “Al llegar a Naudibú nos metieron en un centro y estuvimos tres días sin comer ni beber”, mantuvo Cissoko. “Nos llevaron a un centro policial y nos mantuvieron como prisioneros, sedientos y sin comida”, denunció Fati. En su informe, el MNP manifiesta su preocupación acerca de las “condiciones de respeto de los derechos fundamentales en Mauritania” y “la situación de aquellos países a cuyas autoridades son entregados los repatriados, supuestamente, por parte de Mauritania”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido primero que los expulsados “no van a Mali, sino que van a Mauritania”, para, días más tarde, restar importancia a que el destino final de un porcentaje relevante de los expulsados sea un país en conflicto. “La situación en Malí es compleja, como en otros países del Sahel, pero hay zonas de Malí que no tienen un riesgo efectivo real para las personas”, mantuvo el ministro en el Congreso el pasado mes de febrero. “Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones, están también trabajando en repatriaciones a Malí voluntarias”, justificó.

Efectivamente, ambas organizaciones cuentan con programas de retorno voluntario de malienses pero no son, en ningún caso, expulsiones forzosas. “Es importante tener en cuenta que la repatriación voluntaria y los retornos forzosos son procesos de carácter esencialmente diferentes, que implican distintas responsabilidades por parte de los actores implicados”, recuerda Acnur. La agencia para los refugiados señala además que su apoyo a las repatriaciones voluntarias “no deben ser interpretadas como una valoración de que se dan las condiciones para que retornen con seguridad”.